Malhechores involuntarios

El cumplimiento de los Derechos Humanos en Marruecos es una verdadera entelequia. Sobre todo cuando se trata de un activista de origen saharaui que reivindica el reconocimiento oficial de su pueblo a una comunidad internacional que se pone de perfil. La única respuesta posible se centra en la persecución y en la prisión, como mal menor. A partir de ahí… podemos echar a volar nuestra imaginación para pensar en los peores augurios.
Hassana Aaila pide a la Audiencia Nacional de España que valore y tramite su orden de asilo para no tener que regresar, en calidad de deportado, a un país que no le ofrecerá una óptima bienvenida como es el caso de Marruecos. En el supuesto que pise suelo, a la otra orilla del Estrecho de Gibraltar, será encarcelado de por vida. Y probablemente torturado. Pesa sobre él una reprobable cadena perpetua. Su único delito fue participar en las protestas de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún.

Aquellas movilizaciones derivaron en unos asentamientos pacíficos. Personas que, a través de esta fórmula, expresaban un apoyo al pueblo saharaui ante la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental. La historia no acabo bien: la dureza del Ejército marroquí se dejo notar durante el mes de noviembre de 2010. Detenciones, violencia y graves disturbios escribieron las últimas páginas de esta revolución social.

Ahora, el gobierno español habla de concesiones de asilo pero no evalúa las consecuencias de una supuesta negación. La deportación, para algunos políticos, es lo mismo que accionar la tecla de borrar en un ordenador. Es una sencilla forma de perder el rastro y, de paso, el problema para los servicios de extranjería. Pero, firmar documentos que comprometen al cumplimiento de los Derechos Humanos no puede ser una opción arbitraria y selectiva. Al menos, esa es la petición del activista saharui.

Ya se sabe que España no provocará ni el más mínimo rasguño al prestigio de Marruecos. Aunque sea a costa de incumplir resoluciones de Naciones Unidas sobre esta serie de casos. Resulta más importante tener un cómplice que frene y contenga la inmigración a resolver, de forma favorable, expedientes que se atengan al derecho universal de asilo. Esta desgraciada visión de Estado; con este comportamiento, España secuestra los derechos fundamentales y convierte a sus ciudadanos en malhechores involuntarios.