A mayores, a lo largo de toda la legislatura pasada, España ha ido cayendo en los puestos de países donantes en Ayuda Oficial al Desarrollo. Ha pasado de ser el referente a un ostracismo preocupante. La crisis y los recortes han propiciado este deshonroso giro en las políticas de Estado dedicadas a la solidaridad.
Además, esta convocatoria de elecciones sirve para reiterar a los legisladores que 80.000 personas con discapacidad no pueden votar por haber sido declaradas no aptas. Ante ello, el CERMI se movilizará en las calles durante la campaña electoral para reclamar el derecho a voto. Que irónico: reclamarán algo que ya está reconocido como un derecho constitucional. Pero, la Ley Electoral en España tiene estas cosas. Se pone el apellido de universal, y dura lo que dura, hasta que las decisiones judiciales acaban por impedir que personas con diversidad funcional no puede decidir a sus representantes políticos.
A mayores, la discriminación alcanza niveles incomprensibles cuando dentro del propio colectivo de discapacidad a unos SI y a otros NO. La cuestión es tan singular como la propia justicia en España. Y toda esta situación debe convivir con una digestión pesada cuando la autorización para ejercer el voto también se extiende a otra clase de personas, menos capacitadas por sus actos y antecedentes, pero no sabe muy por qué capacitados para depositar una papeleta en la urna.
¿Será en la nueva legislatura cuando se dé solución a esta seria anomalía que se despeña por el barranco de la discriminación? A pesar del pesimismo reinante apelamos a la esperanza como último recurso. El tiempo ya nos dirá que hay de lo nuestro como creyentes en la igualdad real y no ficitcia.