Dispendios electorales

Las segundas elecciones generales han sido convocadas para el próximo 26 de junio, en auténtico alarde de falta de entendimiento político y derroche de recursos económicos que superan los 126 millones de euros. Esa es la cantidad que costará la nueva convocatoria electoral. Unos recursos que supondría, bien invertidos, la solución para muchas personas con Dependencia en España, todavía, pendientes de recibir una modesta ayuda para afrontar su situación.

Elecciones en España y las personas con discapacidad
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La ‘prima de riesgo’ de los #Programas 20N

Es una jornada de reflexión en la existe la sensación política de que “todo está muy claro en España. Albergamos la incertidumbre de que esto sea positivo para una democracia”. Tal y como marca la legislación actual es un día destinado a meditar, pensar y calcular las consecuencias de un voto. La orientación del mismo se presupone que está basada en un previo ejercicio de contraste de programas electorales presentados por las formaciones políticas que pretenden representar las inquietudes y necesidades de la ciudadanía.

Resulta curioso que las primeras líneas de este post se deslicen de forma incauta por un idealismo sospechoso. Eso sí, nadie duda de los honestos inicios y propósitos de un partido político, colmados de ideas y visión colectiva. Pero, la evolución natural acaba por perder las coordenadas iniciales y navegar a la deriva alejado de la realidad cotidiana. Los denominados asesores, a los que nunca les ponemos cara, cumplen con su misión de dibujar un contexto a conveniencia del político de turno que suele estar más lejos que cerca de los problemas y necesidades colectivas.

Improvisada reivindicación

En un arrebato de desconocida responsabilidad hemos revisado algunas propuestas electorales centradas en la Política Social y Ayuda al Desarrollo, incluidas en los diferentes programas. Labor que ha sido factible gracias a la dedicación, vocación pedagógica y sencillez del conocido como ‘Colectivo #Programas’. Este grupo de politólogos nos concede la oportunidad de profundizar en las bases de cada partido, a disposición del elector en la mesa electoral correspondiente, sin estar obligados a rebuscar en la red o en cada sede local con la consiguiente inversión de tiempo.

Una iniciativa que, por un lado, valoriza el oficio de los analistas profesionales de la política y, por otro, abre la puerta de la accesibilidad al mapa electoral a todos los interesados en depositar la papeleta en la urna con el máximo criterio. Bien es cierto que, con el histórico avance de las tecnologías y la aplicación de herramientas 2.0, los partidos se han visto en la encrucijada de implementar medidas de reciclaje virtuales en estilos, formas y perspectivas antes de presentar su ideario a la sociedad. De ahí que, a día de hoy, los documentos que contienen los programas son ‘de facto’ ese elemento de consulta antes de optar por una u otra papeleta.

No obstante, un blog #Programa 20N trasformado en fuente de consulta, hasta la fecha, para miles de personas es una inteligente forma de reivindicar la accesibilidad, facilidad e interés real del ciudadano por conocer “quién y qué promueve”. Ahora bien, la revisión personal efectuada en diversos programas sobre las acciones previstas en el apartado de políticas sociales nos ha llevado a transitar por un largo pasillo con la mayoría de las puertas cerradas o semi cerradas.

La política social muestra un excesivo cansancio de ser usada, en cada mitín o discurso, como el reclamo de una buena oferta de la que se ignora la letra pequeña. Los principales pilares del Bienestar Social (Empleo, Sanidad, Educación, Protección y Servicios Sociales) son reflejados por casi todos los partidos con evidentes visiones diferentes, aunque con un punto común en todas las opciones: Cualquier posible acción o avance queda supeditada a la situación económica de los próximos años.

Un 20 de noviembre de 2011 que parece ocultar una elevada prima de riesgo para la práctica de las políticas sociales y justificar así el irreparable destierro del compromiso solidario a la isla del olvido.

El voto de la discriminación ante la urna de la incomprensión

La situación no deja un resquicio de duda. El compromiso y la responsabilidad obligan a vestir la casaca de la denuncia. Ser beligerante ante una serie de actitudes y comportamientos negativos, más bien vejatorios, solo es parte de la solución inicial de un problema social de una dimensionada amplitud.

El derecho a ejercer el sufragio universal tiene unas condiciones limitadas para personas con capacidades diferentes. Eso es, al menos, lo que considera una interventora y candidata del Partido Popular de L’Alfàs del Pi, quien en una arrogante, altanera e discriminatoria reacción complicó más que facilitó las cosas a una mujer discapacitada con intenciones de votar en el municipio de la provincia de Alicante.

Durante todos los pasos de esta historia real aparecen recios muros de diversa tipología. Una mujer discapacitada, de avanzada edad, se dispone a acceder en una silla de ruedas al colegio electoral con las habituales barreras arquitectónicas, a la espera de una actuación comprometida para su eliminación. Es ayudada por dos Técnicos Sanitarios (TS) de generosos y nobles sentimientos.

Una vez en el interior, tras la elección de la papeleta, esta mujer se dispone a votar para lo que necesita asegurarse de su decisión. Para ello, pide a la chica que le acompaña la comprobación de que la papeleta deseada está en el interior del sobre.

Es en ese momento, cuando la interventora y, al mismo tiempo, candidata del PP prohíbe proseguir con la votación por simple hecho de haber solicitado la comprensible ayuda de otra persona.

La siguiente escena es tan rocanbolesca como indignante. Presentarse ante la urna con una capacidad diferente está supuestamente ‘penalizado’ para algunas estrecheces mentales. La pobreza espiritual lleva a la mujer, víctima de este evidente caso de discriminación, a repetir el proceso con el mismo grado de resignación que de dignidad.

La disputa verbal también se adueña del lugar entre la candidata popular, los miembros de la mesa y la joven sanitaria que flanquea las necesidades de la mujer discapacitada.

Mientras, repite la acción: coge la papeleta y la vuelve a introducir el sobre (intuimos que no apoya el programa electoral del partido que no comprende sus condiciones de vida), y lo hace ajena una actitud que, desgraciadamente, parece conocer con excesiva familiaridad. Ni se inmuta ante los injustos y continuos apercibimientos procedentes de una oscura humanidad.

Los Derechos Universales pretenden ser remplazados por supuestos matices que no se ajustan a la Ley Electoral. Pero, ¿donde caben aquí los supuestos de excepcionalidad para personas con un determinado contexto social?, ¿es posible confiar en una candidata que demuestra un desgobierno en la política social de base?

La curiosidad tan insana como la mentalidad de la popular militante de la insolidaridad nos ha llevado a revisar los resultados electorales. Afortunadamente, el pueblo ha reivindicado su soberania, situando en la oposición, con 7 concejales de 21 (comprobar resultados), a las aspirantes a la alcaldía que practican el voto de la discriminación ante la urna de la incomprensión.

Un borron en las agendas

Es una constante en la conformación de los programas electorales. No son olvidos casuales o marcados por un elevado número de necesidades detectadas en la convivencia con los ciudadanos de una determinada localidad, villa o ciudad.

Si el origen de una ausencia de argumentos en las prioridades políticas estuviese justificado por un esceso de iniciativas, propuestas o planes de desarrollo social, tendríamos que pasearnos por este analítico jardín en otros términos, bien distintos.

Pero, no es así. Nos asomamos al abismo de un abusrdo alivio para los ‘operarios políticos’ y una preocupación para el resto de la sociedad. La sensibilidad y consideración no aumenta, por mucho que sea incorporada en el discurso la palabra ‘social’.

No priman, ni primarán las determinaciones en hacer uso de las administraciones para fomentar el denominado Estado del Bienestar Social. Hay quienes se atraven a cuestionar su viabilidad por una acusada necesidad de recursos para mantener su efiencia. Cada vez cobra una mayor importancia unas cuentas públicas abundantes para manejar ‘caudales’ en los supuestos proyectos de futuro.

Otra cosa, bien diferente, es la voluntad de inversión en la calidad de vida de las personas más dependientes o menos favorecidas por la remesa de las oportunidades.

Quienes cuentan con un trabajo, un arraigo o apoyo tanto en lo personal como en lo profesional no afrontan toda una encrucijada por mantener el equilibrio en débil alambre de la omisión política.

Curiosamente, en las últimas horas, apareció una iniciativa para analizar, más bien auditar, en materia de accesibilidad arquitéctonica, aquellos centros escolares y culturales destinados a ser los colegios electorales.

El gobierno Gallego y la Confederación Galega de Personas con Discapacidad (Cogami) suscribieron un acuerdo para buscar espacios donde el sufragio universal se reivindique con la máxima expresión real.

Esta medida llega cuando superamos tres décadas de democracia. Necesidades de esta naturaleza parecen haber emergido ayer, si atendemos el discurso que acompaña su anuncio, cuando no deja de ser una deuda histórica social pendiente, especialmente, con las personas con limitaciones de movilidad.

La lejanía de la política comprometida con el desarrollo y el bienestar equánime y sostenible desafortunadamente cristaliza en cada uno de los programas electorales revisados. Todos mencionan, subrayan y hasta promocionan como una gran prioridad el empleo, entre las propuestas más próximas a las cuestiones de orden social. En este punto se detiene todo.

Es cierto que las sensibilidades han aumentado en los últimos tiempos. Pero, seguimos escuchando voces de lamento por las profundas heridas económicas que padecen los colectivos sociales. Algunos advierten de la amenaza que supone la crisis para personas con venenosas adiciones, tratadas en centros de Proxecto Home en Galicia.

La reinsercción, integración, la deshabituación o cooperación al desarrollo municipalista son conceptos declarados desaparecidos por los partidos políticos.

 Parece que la mayoría de los candidatos han vuelto a incurrir en un relevante borron en su agenda política. Y es que hay actitudes que “nunca tienen intención de cambiar”.