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Un email cargado del virus de la discriminación significó un despido fulminante para un joven letrado que prestaba brillantes servicios administrativos en una empresa dedicada a la gestión pública y privada. De una rotunda y sonora felicitación a firmar una carta de finalización de contrato.
La intercepción de un correo electrónico, enviado desde la cuenta personal del trabajador, en el que explicaba con la normalidad esperada a otro compañero su situación de VIH Positivo, derivó en la decisión fulminante de preparar, casi en tiempo record, la documentación necesaria para forzar una rápida desvinculación laboral con la gestoría para la que estaba empleado.
La comisión de presuntos delitos legales, éticos y morales se suceden en esta ‘película de terrorismo social’, en una clara y nada disimulada apuesta por conservar los estigmas más lesivos para el desarrollo personal y profesional. «Limitar las posibilidades es un objetivo en sí, y no una consecuencia ante el presente marcado por alguna diferencia».
Abrir la compuerta de la intolerancia a golpe de firma de un finiquito es una política empresarial muy temida por los que prefieren, más bien, optan por seguridad, por mantener su anónima situación a cubierto, bajo el paragüas de la invisibilidad.
Ahora, el juez deberá depurar las responsabilidades necesarias por el daño o daños ocasionados, a todos los niveles, en esta actuación contra el afectado y no el agente que provoca la enfermedad (la posición más fácil). Varias preguntas, posiblemente sin respuesta: ¿Cómo debe actuar uno/a al solicitar un empleo?; ¿va a ser necesario presentar el informe clínico actualizado?; ¿este conflicto que huella deja en el expediente laboral?
A todo esto, se añade el informe sociológico que marca un porcentaje cercano al 18% de la sociedad española mostrando un firme respaldo a la posibilidad de hacer públicas las listas de personas que conviven con ese indeseado inquilino que recorre venas y arterias con la mayor de las impunidades…
Otra parte, próxima al 20%, tiene una firme creencia en legislar la obligatoriedad de buscar espacios específicos, un vez analizado el caso, con el único mótivo de garantizar la salud pública, «alejada de supuestas amenazas». Lo más reprobable es la permisividad que la sociedad hace de esta clase de actitudes discriminatorias ante un cuadro clínico o un diagnóstico determinado.
Son conocidos los casos de maltrato, marginación o exclusión en aquellos lugares donde el acceso a la información o el desarrollo cultural flota en la superficie de la deficiencia. En cambio, en otras latitudes, han experimentado históricas revoluciones industriales o tecnológicas. Sociedades y pueblos que se jactan de haber sido invadidos por un modelo de democracia moderna que puede formar parte de nuestras exportaciones nacionales como ese gran edificio de Derechos Humanos, libertades y convivencia plural.
Sin embargo, poco o nada podríamos incluir en ese supuesto contenedor social con destino a otros lugares sobre tolerancia real y madura, cuando el VIH es el contenido del equipaje. En este punto, como en otros muchos, la hipocresía y desviar la atención de punto cardinal es el comprimido más dispensado en la farmacia colectiva.
Por ello, cuando la intolerancia se convierte en esa bandera pirata, que toda sociedad esconde para izarla en función del interés, y el virus de la pandemia acaba disfrazado de Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el anhelo por respirar aires de Tolerancia Real sufre elevados niveles de contaminación con descontroladas emisiones a la atmosfera social de un CO2 que, por intervalos, llega a ser de un asfixiante desamparo.
se repite la historia de «streets of philadelphia», sale a la luz, una vez mas la injusticia, la insolidaridad, el miedo expresado en ignorancia e inconsciencia.