La cartilla de inmigrante ya no incluye una atención sanitaria básica sustentada con medios públicos. Este gran mordisco a la supuesta universalidad del sistema recibe la comprensión y admisión de aquellos/as que justifican todo en una crisis que ha puesto al descubierto la extremada delgadez de ciertos valores sociales.
La expulsión o deportación del territorio de seres humanos, con o sin familia, es una escena que algunos estómagos son capaces de digerir como si se tratase de una suculenta cena de verano… Las últimas medidas en política social y sanitaria del gobierno español caminan, con un inesperado ánimo nacionalista, hacia la segregación de dos mundos: “El que puede y no puede pedir cita gratuita para una revisión por una posible amenaza para su salud”.
Curación o tratamiento de una dolencia que, a día de hoy, solo ha quedado a expensas de poseer una bonita combinación de números plasmados en un pasaporte o DNI. Y, en el mejor de los casos, la existencia de un contrato laboral se convierte en ese mágico salvoconducto que conduce a la consulta del médico.
Sin embargo, la negativa llega cuando se carece de alguno de estos tres aspectos mencionados… Una problemática convertida en un maquiavélico mecanismo disuasorio contra los temidos “efecto llamada”.
Una vocación inquebrantable de la solidaridad sanitaria que, poco a poco, se evapora como el buen sueño irrecuperable. “No habrá atención para los inmigrantes que no tengan regularizada la situación en el país”. Con esta serie de declaraciones, la ministra de sanidad da por rotas unas óptimas relaciones con los que decidían probar suerte a miles de kilómetros de sus profundas raíces.
Más bien, la medida parece que carga contra el eslabón más débil de la cadena. Nada o casi nada se dice de los ciudadanos comunitarios que se beneficiaron del denominado ‘Turismo Sanitario’, fomentando la inviabilidad del sistema público español. En esta habitual práctica es donde realmente reside el mayor abuso que ahora pagaran todos: Inmigrantes y Extranjeros responsables con los hospitalarios recursos de la tierra que los acogió en algún momento.
Dada esta disyuntiva, el colectivo médico ha anunciado su pretensión de ejercer la profesión desde una perspectiva humana, que no política. Por ello, más de un millar de profesionales secundan la posibilidad de respaldar en sus consultas la brillante iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La campaña organizada bajo el lema “Atendemos a personas, no asegurados” parece estar calando muy hondo en todos los rincones de los centros de salud.
Tanto es así que, por el momento, más de mil facultativos han confirmado su disposición de omitir la normativa administrativa acogiéndose a la objeción de conciencia contra una regulada insolidaridad.
