La familia de esta chica está más que desesperada por el trato desigual que se da en unos casos y en otros. Existe una alta incomprensión por la incoherencia de los mecanismos de control que impiden depositar una papeleta a Mar. Tras someterle a un riguroso examen sobre amplios conocimientos de la realidad política en España, el forense determinó que no podía participar en unas elecciones por presentar algunas carencias. Seguro que las mismas que quien lleva votando decenas años. Tenemos entendido que la ignorancia política no hace diferencias. Cuando no se sabe algo, se ignora, y punto.
Es obvio que si muchos nos sometiéramos a esa prueba, muy probablemente, acabaríamos más fuera que dentro de un colegio electoral. Estaríamos en una situación similar a la de Mar. Existe un razonamiento básico que, en esta serie de hechos, no se tiene en cuenta por los actores de la justicia: la experiencia siempre va a permitir ampliar el campo del conocimiento y evolucionar en el criterio como ciudadanos de una determinada sociedad. Lo contrario es otro garrafal error de perspectiva. Pretender que, con 18 años, se vote con la misma visión que con 40. Este planteamiento sólo incurre en un insufrible paternalismo que revienta los cimientos de la autonomía personal.
Aseguran que llegarán hasta el alto tribunal europeo de Estraburgo, y no les falta razón. La justicia española sigue siendo ese ámbito donde se cometen las mayores injusticias a la hora de adoptar y gestionar medidas sociales. Al parecer, la circunstancia de tener una discapacidad intelectual ha condicionado a los juristas en sus actuaciones. Tanto es así que, para no pillarse los dedos, la mejor salida se centró en una medida cautelar de inhabilitación temporal que, a día de hoy, no se antoja fácil que sea reversible. En resumen, que van a pasar unas cuantas convocatorias electorales antes de ver como Mar y otras personas en parecidas condiciones puedan estar al mismo nivel que el resto. Por este caso, de nuevo, seremos testigos de una cascada movilizaciones y protestas de los colectivos afectados.
El año 2016 se cerró con más de 80.000 personas, con capacidades diferentes, imposibilitadas de elegir a sus representantes públicos. La mayoría por argumentos muy parecidos a los de Mar. Ante esto, el engaño no resulta menor. Uno de los artículos básicos de la constitución española refleja que el sufragio debe ser universal y accesible para todos. Sin embargo, las evidencias son claras: ni lo uno. Ni lo otro. Y el supuesto carácter universal acaba diluido en una utopía; en el mismo instante que un juez se aleja de esa vocación para no ver comprometido su prestigio como jurista aunque para ello se patine, de nuevo, en la discriminación. ¿Justicia o prestigio? Ambas cosas parece que son posibles y compatibles. Todo es cuestión de voluntad.