Conocer nuevos detalles del caso Blasco, el mayor escándalo de la cooperación española con epicentro en la Generalitat Valenciana, solo logra generar convulsiones incontrolables. Sucede a medida que salen a la luz más tropelías cometidas por una trama que fue creada, exclusivamente, para saquear fondos reservados a proyectos de solidaridad.
En principio, dichos fondos debían dedicarse a luchar contra la pobreza en Nicaragua, a erradicar el Sida, a la violencia sexual y explotación laboral de menores en Guinea o a dotar de infraestructuras básicas (inexistentes) en un país como Paraguay, entre otros proyectos. Para eso, el gobierno del Partido Popular de la época, presidido por Francisco Camps, le otorgó la delicada misión de gestionar la cartera de Cooperación Internacional a un tal Rafael Blasco. Un tipo que aprovechó su falta de escrúpulos y su inexistente ética para convertir ese área de gobierno en un verdadero cortijo donde la discrecionalidad y el interés privado no hicieran otra cosa que manchar el prestigio y el crédito de la política pública de cooperación.
La bacanal se mantuvo durante varios años. El dinero consignado en los presupuestos autonómicos nunca llegaba a su destino. Por norma, era depositado en empresas fantasmas, radicadas en Estados Unidos, o desviado a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). Un mecanismo muy socorrido para manejar las grandes cantidades.
Paralelamente, se crearía una organización ficticia bajo un nombre buscado a conciencia. Con una identidad exótica para camuflarse con garantías en el sector. Aludiendo a una bonita especie arbórea que se puede encontrar en el África Subsahariana. A través de la ONG Ceiba se realizaban las otras operaciones. Todo estaba perfectamente pensado para llevar a cabo el abordaje del ‘plan pirata’ en la cooperación valenciana. Para denigrar la imagen y el crédito de un sector que, en cada proyecto, se deja innumerables esfuerzos para justificar el uso de los recursos públicos.
La ambición por el dinero era insaciable. Hasta las pequeñas cantidades también eran objetivo de esta red de golfos y sinvergüenzas que traicionaron, de principio a fin, la confianza del pueblo valenciano. En esta ocasión, se dirigían directamente a los cajeros automáticos para realizar extracciones controladas de dinero con cargo a la cuenta de la falsa ONG, que dirigía un testaferro de Blasco, para no dejar un céntimo de euro disponible.
Plazas de garaje, pisos o gastos superfluos formaron parte de la vidorra que un gobierno, de la entidad de Valencia, consintió hasta que la llegada de una valiente de denuncia realizada por la Coordinadora de ONGDs valenciana entró en los juzgados. Hasta ese momento, la cooperación había sido sometida a un doloroso pateo. A un cautiverio donde la corrupción se instalaría en una administración pública que navegaría marcada por el GPS de la obscenidad a base prostituir un concepto tan noble y humano como es la solidaridad entre pueblos.
Ahora, después de toda esta porquería política: ¿qué medidas se pueden adoptar para que la ciudadanía vuelva a tener un concepto positivo de la cooperación? No debemos olvidar que uno de los principios básicos de un proyecto de solidaridad descansa en la confianza. Y, aquí, tras este lamentable caso, el daño generado también se antoja irreparable para benefactores y beneficiaros dado que estamos ante un valioso tiempo perdido y una oportunidad única desperdiciada.
Un doloroso punto sin retorno para mejorar la vida de otras personas que deja abierta una lógica pregunta: ¿quién arregla ahora esta gran avería ocasionada?