De denunciantes a denunciados

Wafaa Charaf ingresó en prisión el 9 de julio en Tánger después de presentar una denuncia por secuestro, detención ilegal y amenazas de la Policía Marroquí. Fue abandonada en una carretera a once kilómetros de la ciudad marroquí de Tánger. Acababa de asistir, en aquel 27 de abril de 2014, a un mitin de apoyo a los trabajadores de la multinacional estadounidense Greif (el líder mundial en envasado industrial). Parte de la plantilla había sido despedida por crear una sección sindical. Prohibir y pulverizar cualquier estructura que permita articular una organización de defensa de los derechos laborales es una realidad muy consolidada en las prácticas de las empresas radicadas en las Zonas Francas.La ciudad tangerina, ubicada a menos de 14 kilómetros de las costas españolas, ofrece grandes ventajas para el libre comercio como la exención de impuestos y cargas sociales a las empresas que decidieron asentarse en este lugar. El sector textil o las manufacturas de conserva y congelado de productos del mar también disfrutan de estos grandes beneficios económicos por apostar por una deslocalización en el norte de África.

En la actualidad, Wafaa deberá pagar un alto precio por su compromiso con los derechos fundamentales de los trabajadores en las fábricas,  la democracia y la libertad de expresión en Marruecos. La denunciante acabó siendo denunciada y detenida por una supuesta falsa denuncia. El último precio impuesto son dos años de prisión cerrados.

Wafaa Charaf fue encarcelada junto Boubker El Khamlichi, líder de la Voz de la Democracia, quien también soporta una condena de un año de prisión (en suspenso) con una multa de 89 euros por una supuesta «obstrucción de la investigación.» Sin embargo, había sido absuelto en el primer juicio.

Ambos activistas militan en el Movimiento 20 de febrero. No han sido pocas las ocasiones que se han movilizado para reivindicar lo básico en un país donde se dice una cosa y se hace otra. Este colectivo rompió el silencio a raíz de la primavera árabe sobre el continuo incumplimiento de los Derechos Humanos. Exigían y exigen un cambio político, social y económico que conduzca a los marroquís a un escenario de menor pobreza.

Y, de momento, la única consecuencia a tanto esfuerzo invertido es que Wafaa y Boubker han acabado ante un juez respondiendo por las acusaciones del procurador del rey (similar a un fiscal) de falso testimonio y revuelta social.

En resumen, el aparato del Estado ha sido capaz de invertir las tornas con el mayor descaro posible, convirtiendo a los denunciantes en denunciados. Así, funciona la justicia en una gran parte del mundo y muy poco se hace por remediarlo.

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