La justicia ante las devoluciones en caliente
(Foto: EFE)
Toda una elemental discusión en medio de las fronteras que separa a África de Europa: ¿Somos o no solidarios con el fenómeno de la inmigración? El deshumanizado debate ahora está centrado en si se trata de un asunto a asumir en solitario o de forma colectiva.
Miramos a Bruselas y al no obtener la respuesta deseada, porque la Unión Europea se pone de perfil y no lo incorpora a la agenda de prioridades, comenzamos a dar pasos inequívocos hacia la confusión y el error humano. Entonces, hay que enfriar el corazón para poder entonar, sin remordimiento, una demoledora frase: “Las fronteras y la legalidad están para cumplirse”.
Con esto creemos estar al corriente de una situación que, lejos de ser puntual, va camino de ser crónica. Y mientras discutimos, debatimos y nos embadurnamos de insolidaridad, miles de personas ahogan las expectativas de su futuro en la incomprensión colectiva. Al conseguir llegar a la orilla española, después de una travesía de incertidumbre y bajo la sombra permanente de la muerte, algunos cruzan la puerta de un CIE y otros no. Es, entonces, cuando aparecen los afluentes cargados de datos que desembocan en el río de la polémica. Que más que polémica es una tragedia con letras mayúsculas a las puertas de casa.
Los ministros del interior de uno y otro país intercambian información para utilizarla acorde a su conveniencia en cumplimiento de un convenio de colaboración que contempla la posibilidad de recurrir a ilegalidades como las denominadas ‘Devoluciones en Caliente’. Una fórmula que arrebata, de manera indiscutible, la dignidad y despoja de los más básicos derechos a las personas inmigrantes.
Tribunal Estrasburgo
Medidas institucionales que hacen retroceder al punto de partida a los seres humanos que ejercen su derecho de emigrar. Una violencia administrativa que provoca un reencuentro forzado con la pobreza o desigualdad. En resumen, solo concede la oportunidad de volver a ser secuestrados por una indeseada realidad. Y, en los últimos tiempos, las decisiones judiciales del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no invitan al optimismo.
Esta instancia dio la razón al gobierno de España en el caso de dos inmigrantes que, en 2014, saltaron la valla de Melilla y fueron obligados a regresar a Marruecos de forma inmediata. Según la resolución, en aquel episodio hubo el empleo de la violencia por parte de las personas que pretendían pisar territorio español y, además, añade que podían ejercer su derecho a solicitar asilo, algo a lo que no recurrieron. Y no lo hicieron porque tampoco fueron informados de tal posibilidad. Por tanto, no pudieron ejercer un derecho fundamental.
La sentencia es contradictoria por que en un pronunciamiento anterior sí cuestionaba las prácticas en frontera del Estado español. Sin embargo, en esta última decisión ha dejado la puerta abierta a que se puedan repetir las ‘Devoluciones en Caliente’. Una fórmula dispensada que, con la declaración universal en la mano, atropella los más básicos derechos humanos a las personas inmigrantes.
¡Justicia bicolor!
Podcast
(Paloma Garcia, responsable de incidencia política de Red Acoge, en el programa Contraparte, en Onda Cero)