Una realidad invisible en frontera
Saber si un ser humano es víctima de una red de trata de personas o no es una de las firmes exigencias de varios colectivos especializados en estas realidades sociales. En los últimos tiempos critican que la UE y el gobierno de España solo concentren sus esfuerzos en el control de fronteras, y sea inexistente la especialización de personal cualificado para diagnosticar casos relacionados con las organizaciones de tráfico de seres humanos. Reconocen que se han registrado algunos avances pero no los suficientes. Desde luego, no los deseados.
Ante este panorama hay máxima preocupación por la nueva política de migración y asilo que planea en la Unión Europea. El último pacto aprobado se centra principalmente en el control de fronteras de la UE, en el que se prioriza imponer limitaciones a la migración, y se establece un procedimiento acelerado en frontera que podría tener un impacto negativo: por un lado, en lo referido a las opciones reales de poder solicitar asilo. Por otro, y no menos importante, detectar indicios de trata.
Si al llegar a un punto fronterizo las directrices que priman se centran en activar un ‘protocolo de choque’ para intensificar el control, sobre quien puede y quien no entrar en el país, se dejan en un segundo o tercer plano las acciones necesarias para averiguar si una persona está siendo víctima de una red de trata de personas en España.
Reivindicaciones de las ONGs
En este contexto, organizaciones como Proyecto Esperanza y Sicar cat exigen que Europa se rija por el marco de referencia establecido en la carta de Derechos Humanos del año 2000. Ambos colectivos alertan sobre la amenaza que suscribir esta clase de acuerdos, condicionados solo por incrementar el control, facilite las cosas a las redes y mafias el tráfico de seres humanos.
De hecho, esta sospecha queda reforzada con los resultados de un reciente estudio, elaborado por el Parlamento Europeo. Entre las conclusiones se apunta a que el 18% de las víctimas de trata identificadas en Europa estaban relacionadas con la comisión de actividades delictivas: matrimonios forzados o mendicidad forzada, entre otras. Una evidencia más que incentiva la reivindicación de ampliar la profundidad en el nuevo pacto sobre migración que, en materia de derechos humanos, se queda una peligrosa superficie.
Alcanzar el reto de romper las cadenas de los nuevos modos de esclavitud no resulta viable en las actuales condiciones. En concreto, cuando la política migratoria actual propone que prevalezca el control de acceso (entradas y salidas) y no otros criterios esenciales para combatir problemáticas como la trata de personas.
Podcast
(Entrevista a Marta González Manchón, coordinadora de sensibilización del Proyecto Esperanza Adoratrices, en el programa Contraparte, espacio especializado en derechos humanos en Onda Cero Radio).