El desastre humano de la cárcel de Comayagua, en pleno corazón de Honduras, es fruto de una falta de «todo» en el cumplimiento de los Derechos Humanos. La cifra podría acariciar los cuatro centenares de muertos atrapados en un incendio de un centro penitenciario que, por las características conocidas, más bien representaría a los presidios de antaño. Un espacio de reclusión convertido en una ratonera mortal ante la ausencia manifiesta de responsabilidad gubernamental, administrativa y profesional.
Las personas privadas de libertad se dejaron la vida en ello. Cumplieron su condena hasta el extremo. O como suele ocurrir en los espacios donde el derecho a ser tratado como humano es una utopía, se vieron obligados a permanecer en el interior de las masificadas celdas, a pesar de que las llamas calentasen los barrotes hasta fundirlos en la desesperación.
Los candados de la mazmorra no se abrieron ante la inminente amenaza para la vida de las personas. Si bien, la sospecha nos conduce a una supina negligencia o, lo que sería más grave, un desprecio por la supervivencia de quienes estaban castigados a habitar el presidio, «hasta nueva orden». Existen hipótesis que apuntan a un radical celo de los funcionarios al utilizar las armas contra a los internos, disparando a aquellos que intentaban escapar del letal efecto de las llamas.
En este reprobable caso no caben excusas, justificaciones o aquella manida frase de «los funcionarios hicieron lo posible por evitar la tragedia». De esta forma, no se cierra un expediente con casi cuatrocientas vidas en su haber (la versión oficial aporta al dato de 356 víctimas). Y otro gran interrogante: ¿Por qué se supero el límite de los 425 hasta los 852 presos?, ¿quién autorizó esta destestable política del hacinamiento?
Pese a todo, esto sucede y golpea nuestra supuesta inteligencia cuando la visión carcelaria es ya un concepto enterrado en un pasado reciente para numerosos países, con sus consiguientes gobiernos adheridos al compromiso de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, sea cual sea el espacio o escenario.
Pisamos un nuevo tiempo. Una cronología diferente para la articulación de sistemas de recuperación de las personas. Los sistemas penitenciarios tienen la obligación de asegurar unos mínimos recursos para facilitar el camino de la reinserción social. Con los actuales mecanismos, «la sociedad aguarda algo más que una mera exclusión ‘sine díe’ en un espacio privado de libertad».
Resultaría muy cuestionable que, por estos hechos, no haya procesados. El presidente del Gobierno Hondureño, Porfirio Lobo, ha confirmado la apertura de una investigación. Aunque crear la correspondiente comisión que analice las principales incógnitas de lo sucedido parece una vía insuficiente y cicatera para lo que se espera. Y, ¿el barómetro de la presión internacional hasta donde llegará en esta indiscutible violación de DD.HH?, ¿seremos testigos de un transparente y ejemplar proceso encaminado al capítulo de las sanciones tipificadas en la legislación de referencia?
Olvidar que estamos ante la catástrofe penitenciaria más importante de la historia reciente sería similar a ser infiel a nuestros principios fundamentales.
La publicación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH ‘Los derechos humanos y las prisiones’ exige «sensibilizar a los funcionarios de prisiones respecto de su papel particular de promoción y protección de los derechos humanos, y de su propio potencial para influir en los derechos humanos durante su trabajo diario».
Quedó patente que este básico objetivo fue desterrado desde el mismo momento que se declaró el fuego en el interior de una cárcel, en la que los condenados buscaban abrazar una futura libertad criando cerdos, cultivando hortalizas y soportando las reglas de un sistema paralelo dominado por el oligopolio de mafias y redes de extorsión como modo ordinario de convivencia interna.
Ante esto se abren multilples reflexiones, entre las que convendría afondar sobre quién o qué precisa de los efectos de un programa de rehabilitación y reinserción con mayor urgencia: ¿El estado por sus decadentes políticas sociales o los propios condenados por practicar algo tan común como el delito?
Honduras es un pais que asume la legislación internacional por tanto hay un claro incumplimiento de las reglas minimas de tratamientos de presos de NU, otro incumplimineto flagrante, de las normas internacionales, que figuran en el papel pero que en realidad no se cumplen, ni se pretenden cumplir, asi será muy dificil que haya justicia en el mundo