El asunto debería estar clasificado entre los más graves atentados a las normas más de convivencia a escala mundial. La comunidad internacional invierte recursos en el envío de armamento, ejércitos, observadores internacionales en ciertos contextos donde parece existir una supuesta desestabilización o depresión democrática y, sin embargo, ignora o se pone de perfil ante el atropello de los derechos humanos a todos los niveles.