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La situación no deja un resquicio de duda. El compromiso y la responsabilidad obligan a vestir la casaca de la denuncia. Ser beligerante ante una serie de actitudes y comportamientos negativos, más bien vejatorios, solo es parte de la solución inicial de un problema social de una dimensionada amplitud.

El derecho a ejercer el sufragio universal tiene unas condiciones limitadas para personas con capacidades diferentes. Eso es, al menos, lo que considera una interventora y candidata del Partido Popular de L’Alfàs del Pi, quien en una arrogante, altanera e discriminatoria reacción complicó más que facilitó las cosas a una mujer discapacitada con intenciones de votar en el municipio de la provincia de Alicante.

Durante todos los pasos de esta historia real aparecen recios muros de diversa tipología. Una mujer discapacitada, de avanzada edad, se dispone a acceder en una silla de ruedas al colegio electoral con las habituales barreras arquitectónicas, a la espera de una actuación comprometida para su eliminación. Es ayudada por dos Técnicos Sanitarios (TS) de generosos y nobles sentimientos.

Una vez en el interior, tras la elección de la papeleta, esta mujer se dispone a votar para lo que necesita asegurarse de su decisión. Para ello, pide a la chica que le acompaña la comprobación de que la papeleta deseada está en el interior del sobre.

Es en ese momento, cuando la interventora y, al mismo tiempo, candidata del PP prohíbe proseguir con la votación por simple hecho de haber solicitado la comprensible ayuda de otra persona.

La siguiente escena es tan rocanbolesca como indignante. Presentarse ante la urna con una capacidad diferente está supuestamente ‘penalizado’ para algunas estrecheces mentales. La pobreza espiritual lleva a la mujer, víctima de este evidente caso de discriminación, a repetir el proceso con el mismo grado de resignación que de dignidad.

La disputa verbal también se adueña del lugar entre la candidata popular, los miembros de la mesa y la joven sanitaria que flanquea las necesidades de la mujer discapacitada.

Mientras, repite la acción: coge la papeleta y la vuelve a introducir el sobre (intuimos que no apoya el programa electoral del partido que no comprende sus condiciones de vida), y lo hace ajena una actitud que, desgraciadamente, parece conocer con excesiva familiaridad. Ni se inmuta ante los injustos y continuos apercibimientos procedentes de una oscura humanidad.

Los Derechos Universales pretenden ser remplazados por supuestos matices que no se ajustan a la Ley Electoral. Pero, ¿donde caben aquí los supuestos de excepcionalidad para personas con un determinado contexto social?, ¿es posible confiar en una candidata que demuestra un desgobierno en la política social de base?

La curiosidad tan insana como la mentalidad de la popular militante de la insolidaridad nos ha llevado a revisar los resultados electorales. Afortunadamente, el pueblo ha reivindicado su soberania, situando en la oposición, con 7 concejales de 21 (comprobar resultados), a las aspirantes a la alcaldía que practican el voto de la discriminación ante la urna de la incomprensión.