‘El delito de la solidaridad’

activista de Derechos Humanos

El ataque a las organizaciones sociales comienza a ser una constante preocupante. Tanto en España como en Europa, las ONG y las entidades sociales sufren “un patrón de amenazas y presiones” en todo el continente. Es una de las principales denuncias de un reciente informe la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), un organismo independiente que asesora en esta materia a la UE y sus Estados miembros.

Esta agencia, en su trabajo, llega a la conclusión que cada vez se ha vuelto más difícil para las ONG ejercer su labor y contribuir a proteger los derechos humanos en Europa. En la mayoría de los casos se detectan trabas y obstáculos de varios tipos que se producen, sin distinciones en el color político del gobierno, en una gran parte de los países del viejo continente.

Las dificultades no se limitan a las amenazas, ataques físicos y descalificaciones de los activistas, cooperantes o voluntarios de las organizaciones. El asunto va más allá. Se están enfrentando a cambios en la legislación nacional con el objetivo de perjudicar su actividad, a recortes de fondos y a una falta de participación en la elaboración de leyes y políticas.

Esta situación pone en el punto de mira a los defensores de los derechos humanos y sociales. Hasta tal punto que el riesgo, lejos de descender, aumenta de forma exponencial. A las amenazas directas ahora se suman las estructurales: las políticas de gobiernos y Estados tratan de demonizar y desprestigiar a quienes evidencian carencias y realidades de injusticia o pobreza. En ocasiones hace uso del aparato judicial para acallar o atenazar voces que advierten de problemas serios en diversos contextos sociales. Existen numerosos casos, entre ellos el de Helena Maleno.

Este ejemplo personificado se podría extender a centenares de activistas que, en los últimos años, ven entorpecido sus acciones de denuncia y sensibilización colectiva sobre determinados atropellos e injusticias sociales.

Al paso que vamos, pertenecer a una ONG puede acabar convertido en una decisión de dudosa legalidad o el activismo en una amenaza para la seguridad nacional de un Estado. Dadas las actuales circunstancias ya no sería extraño terminar defendiendo los derechos humanos desde el interior de una cárcel. Tampoco sería la primera vez.

¡Tiempo al  tiempo!

 

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