El infierno de las ‘mazmorras’ hondureñas

El desastre humano de la cárcel de Comayagua, en pleno corazón de Honduras, es fruto de una falta de “todo” en el cumplimiento de los Derechos Humanos. La cifra podría acariciar los cuatro centenares de muertos atrapados en un incendio de un centro penitenciario que, por las características conocidas, más bien representaría a los presidios de antaño. Un espacio de reclusión convertido en una ratonera mortal ante la ausencia manifiesta de responsabilidad gubernamental, administrativa y profesional.

Las personas privadas de libertad se dejaron la vida en ello. Cumplieron su condena hasta el extremo. O como suele ocurrir en los espacios donde el derecho a ser tratado como humano es una utopía, se vieron obligados a permanecer en el interior de las masificadas celdas, a pesar de que las llamas calentasen los barrotes hasta fundirlos en la desesperación.

Deseperación de familiares de presos hondureños

Los candados de la mazmorra no se abrieron ante la inminente amenaza para la vida de las personas. Si bien, la sospecha nos conduce a una supina negligencia o, lo que sería más grave, un desprecio por la supervivencia de quienes estaban castigados a habitar el presidio, “hasta nueva orden”. Existen hipótesis que apuntan a un radical celo de los funcionarios al utilizar las armas contra a los internos, disparando a aquellos que intentaban escapar del letal efecto de las llamas.

En este reprobable caso no caben excusas, justificaciones o aquella manida frase de “los funcionarios hicieron lo posible por evitar la tragedia”. De esta forma, no se cierra un expediente con casi cuatrocientas vidas en su haber (la versión oficial aporta al dato de 356 víctimas). Y otro gran interrogante: ¿Por qué se supero el límite de los 425 hasta los 852 presos?, ¿quién autorizó esta destetable política del hacinamiento?

Pese a todo, esto sucede y golpea nuestra supuesta inteligencia cuando la visión carcelaria es ya un concepto enterrado en un pasado reciente para numerosos países, con sus consiguientes gobiernos adheridos al compromiso de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, sea cual sea el espacio o escenario.

Pisamos un nuevo tiempo. Una cronología diferente para la articulación de sistemas de recuperación de las personas. Los sistemas penitenciarios tienen la obligación de asegurar unos mínimos recursos para facilitar el camino de la reinserción social. Con los actuales mecanismos, “la sociedad aguarda algo más que una mera exclusión ‘sine díe’ en un espacio privado de libertad”.

Resultaría muy cuestionable que, por estos hechos, no haya procesados. El presidente del Gobierno Hondureño, Porfirio Lobo, ha confirmado la apertura de una investigación. Aunque crear la correspondiente comisión que analice las principales incógnitas de lo sucedido parece una vía insuficiente y cicatera para lo que se espera. Y, ¿el barómetro de la presión internacional hasta donde llegará en esta indiscutible violación de DD.HH?, ¿seremos testigos de un transparente y ejemplar proceso encaminado al capítulo de las sanciones tipificadas en la legislación de referencia?

Olvidar que estamos ante la catástrofe penitenciaria más importante de la historia reciente sería similar a ser infiel a nuestros principios fundamentales.

La publicación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH ‘Los derechos humanos y las prisiones’ exige “sensibilizar a los funcionarios de prisiones respecto de su papel particular de promoción y protección de los derechos humanos, y de su propio potencial para influir en los derechos humanos durante su trabajo diario”.

Quedó patente que este básico objetivo fue desterrado desde el mismo momento que se declaró el fuego en el interior de una cárcel, en la que los condenados buscaban abrazar una futura libertad criando cerdos, cultivando hortalizas y soportando las reglas de un sistema paralelo dominado por el oligopolio de mafias y redes de extorsión como modo ordinario de convivencia interna.

Ante esto se abren multilples reflexiones, entre las que convendría afondar sobre quién o qué precisa de los efectos de un programa de rehabilitación y reinserción con mayor urgencia: ¿El estado por sus decadentes políticas sociales o los propios condenados por practicar algo tan común como el delito?

El alcalde de las capacidades

Domingos Dosil quiso cerrar su ciclo vital siendo fiel a la homonimia de su nombre. Se marchó un domingo para formar parte de las inmortales referencias en los avances más progresistas que ha experimentado el universo de la discapacidad en Galicia.

Fundo con un sacrificio impagable la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI). Tuvo la capacidad de aplicar las virtudes de la política, bien entendida, a la conformación de una red, sumergida en continuos desencuentros ante la imposibilidad de armonizar y canalizar las reivindicaciones de las personas con discapacidad.

Desde la ría de Muros y Noia, lograba alcanzar un nivel de inspiración social que le empujo a tejer una malla de asociaciones que representasen las múltiples realidades del ámbito de la discapacidad. Solo era cuestión de emplear con elevada capacidad una conciliación de micro realidades dentro de una gran realidad social.

El infatigable trabajo no ofreció resultados de forma inminente. Como suele ser habitual en los grandes proyectos “los primeros avances se hacen esperar para desesperación de sus fundadores o creadores”. Haciendo gala de una elevada paciencia, mucha paciencia, y habilitando la mente para hacer un buen uso de la inteligencia, recorrió un largo camino escogiendo las carreteras secundarias. Consideraba que, en este proyecto social, había espacio para todo y para todos/as.

La percepción colectiva de vivir en la misma residencia con una discapacidad comenzó a mudar de piel hacia posiciones y visiones más integradoras. Fue una talla labrada a conciencia con una inalterable abnegación. Estimó forzoso invertir el tesón necesario para no abandonar el objetivo de levantar uno de los pilares del Bienestar Social, a base de inyectarle cada mañana una cantidad de hormigón.

Recién cumplida la mayoría de edad, una mala brazada en la playa le sentó en una silla de ruedas para toda la vida. A pesar de la severa limitación, entendió que afrontar una paraplejia no era sinónimo de sumergirse en las profundidades de la exclusión social. Luchó y consiguió convencer a una sociedad ‘en pañales’ que la discapacidad no es más que una circunstancia más de la vida.

Las acciones por visibilizar, y no solo visibilizar sino también sensibilizar a personas con capacidad de decisión en las administraciones públicas desembocó en una conversión en las formas de gestionar los servicios sociales , por aquel entonces muy hermanados con el criterio asistencialista. 

No prescindió de lo andado, aunque se esforzó por modificar algunos itinerarios en el mapa social que, hoy en día, han sido asumidos y absorbidos por nuestro modelo de convivencia. Dosil fue un fiel creyente  en la política y sus beneficiosas consecuencias. Tanto es así que acabo siendo alcalde de su villa natal. Otro nuevo golpe a la normalización de la discapacidad.

Derribo los muros desde Muros de las conciencias más intolerantes e inflexibles. Por el camino dejo a voces que buscaba su desaliento y desmoralización. Pero, como buen estratega, dosificó todos los esfuerzos a disposición para gobernar como ‘un  alcalde de las capacidades’.