Las cifras siguen mostrando un corazón frío. Una sensibilidad atenuada. Una atención perdida en la desidia. Así se encuentra el compromiso de España con la realidad de los refugiados que han huido de la guerra, la pobreza, las desigualdades en Siria y países del entorno.
Este año tendrían que ser acogidos en territorio español cerca de 18.000 personas. Sin embargo, en la actualidad, el número no logra superar los mil. Y todo parece apuntar a que el proceso no se va acelerar, por mucho que las condiciones de los refugiados empeoren. Por mucho que las cosas se agraven un poco más y se añada a la falta de alimentación, el insoportable frío del invierno, las enfermedades por la falta de higiene y el rechazo de una parte de la ciudadanía europea una irresponsabilidad reiterada de cada uno de los Estados implicados en el asunto de las acogidas. De hecho, los incumplimientos son continuos. El papel firmado es ya un bonito documento para colgar en la pared aquello que pudo ser y no fue.
España debe experimentar este año un giro político si no quiere formar parte de la historia como un país con serias carencias en afrontar la aplicación de los Derechos Humanos desde lo más básico. Si no quiere formar parte del conjunto de Estados donde la solidaridad ha desertado. Como decía el Roque Daltón: “A mi también me gusta la vida”. Y es precisamente lo que quieren las personas refugiadas: tener una segunda oportunidad para vivir.