«El Covid19 no es excusa»

refugiados en Mali
Foto: ACNUR/Sylvain Cherkaoui

Refugiados y desplazados ante el coronavirus

Existen organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que exigen a los gobiernos que no utilicen la actual crisis sanitaria para argumentar la falta de respuesta humanitaria ante la situación de personas, por ejemplo, de refugiadas climáticas u obligadas a desplazarse por la violencia o la pobreza en sus países de origen.

Ante este riesgo, CEAR formula 18 propuestas dirigidas a las autoridades españolas para que se garanticen los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas ante este escenario de la Covid19. También, insiste en reclamar la puesta en marcha de medidas de regularización extraordinaria.

En su Informe Anual 2020 titulado ‘Las personas refugiadas en España y Europa’, según datos proporcionados por ACNUR más de 79 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. Los refugiados sirios encabezan parte de la relación de seres humanos forzados a huir de sus raíces. Este documento también refleja que la extorsión y la violencia de las ‘maras’ en Honduras y El Salvador genera un impacto cada vez mayor que cambia la vida para miles de personas. Una situación que también se da en otros lugares de América Latina; países como Colombia o Venezuela sufren una elevada inestabilidad que transforma a sus ciudadanos en potenciales inmigrantes. Dos de las nacionalidades con más número de solicitudes de asilo sin resolver.

Cifras de asilo

Por el momento, más de 133.000 solicitudes se encuentran a la espera de una resolución. Un inquietante periodo para quien aguarda una respuesta que puede dar o no una nueva oportunidad para tratar de rehacer su vida lejos del escenario que le empujó a huir por razones humanitarias, climáticas, políticas, entre otras.

Un escenario al que no es ajeno la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Por tal motivo, esta organización reclama a las autoridades europeas y españolas que no utilicen la pandemia de la COVID-19 como «excusa» para no respetar el derecho de asilo. Además, exige que se garantice el acceso a este derecho a las miles de personas que se encuentran bloqueadas en países no seguros como consecuencia del cierre de fronteras y para aplicar políticas más restrictivas de control migratorio.

En conclusión, el cumplimiento de la legalidad vigente no es más que una obligación indiscutible para un Estado como el español, a pesar o al margen de que su grado de solidaridad siga estabilizado en la insuficiencia crónica.

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(Entrevista a Paloma Favieres, portavoz de CEAR, en el programa Contraparte, dedicado a los Derechos Humanos y Solidaridad en Onda Cero Radio)

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