La gruesa cadena discriminatoria engorda en cuanto saltamos de un contexto social a otro. Analizar la atención política y social de las personas que integran los colectivos de discapacidad es un ejercicio de enorme paciencia, y conviene “no perderla”… Cabe señalar que los recursos actualmente dispuestos  no forman parte de la generosidad de la sociedad. Al contrario, debemos pensar que entre las obligaciones del Estado Bienestar se encuentra el dar respuesta eficiente en los contextos en los que se haga necesario.

Más del 10% de la población convive con alguna clase de discapacidad. En mayor o  menor grado; pero, lo hace afrontando todas las consecuencias. Entre ellas, soportar la carencia de las más elementales herramientas que ayuden a caminar hacía una autonomía personal integral, cuando el diagnóstico y las condiciones lo permiten. Esta visión se encuentra directamente relacionada con un campo laboral no saneado social y mentalmente. Primer escollo.

Desgraciadamente, las barreras no se miden por metros de altura de un muro de hormigón o ladrillo. Son las actitudes colectivas las que derivan en los mayores obstáculos para el desarrollo. En tiempos de crisis, parece que hemos entrado en una complicada espiral, de la que se antoja difícil escapar, en la que solo los desahucios o indigencia pueden formar parte de la agenda de los servicios sociales. Discapacidad y Dependencia, por ejemplo, deben dejar paso prioritario a los programas de emergencia social; un criterio que deja al descubierto un segundo escollo: La exclusión también amenaza a seres humanos con ‘capacidades diferentes’ ante la falta de respaldo administrativo y político.

Y llegar a plantear una mera atención asistencial (y quedarse tan ancho) puede calificarse de política de hojalata que tan solo contribuye a desandar en los avances registrados en los últimos años. La movilización del sector de la discapacidad (2 de diciembre de 2012), con miles de organizaciones y asociaciones en las calles de Madrid, debería ser entenida como una contestación, sin precedentes, al recorte…

Entretanto, la respuesta política se reduce a la exhibición de una cifra económica que sea más cuantiosa y espectacular que la del adversario. Ahí se acaba todo, en el partidismo. Nadie analiza el estado actual de la aplicación de la Liondau o las valoraciones y prestaciones de la Ley de Dependencia. Y, ante esto, la inclusión de las enfermedades mentales, tal y como demanda el sector de la discapacidad, tiene todos los indicios de quedar aparcada, sin que nada o nadie lo remedie. Un tercer escollo que, además, podría crecer con la progresión en la merma de recursos y el paso de un tiempo que corre en contra.

Ya lo manifestó el actual presidente de la ONCE, Miguel Carballeda: “Lo que se pierda ahora para el mundo de la discapacidad no se va a recuperar nunca”.

Una escueta frase que solo mañana conoceremos si suma nuevos escollos o se limita a una reflexiva advertencia incumplida en campo de la discapacidad… Volcaremos todas las esperanzas en la segunda opción. Así debe ser.